Problemas con la comunidad por reformas en la vivienda

Si la convivencia entre los miembros de una misma familia o entre compañeros de piso no es nada sencilla, ¿qué puede ocurrir cuando en lugar de en una casa unifamiliar vivimos en un piso de esos enormes bloques que inundan ciudades como Barcelona o Bilbao? Pues como se puede suponer es muy complicado, siempre surgen roces y problemas que acaban muchas veces precisando de la ayuda de un despacho de abogados como Abbantia.com para poder aportar soluciones a estos conflictos.

Y es que los letrados no se dedican solo a esos casos que se nos vienen primero a la cabeza, como divorcios, estafas, solicitud de incapacidad permanente, asesinatos, accidentes laborales… Sino que muchos de ellos reconocen que la mayor parte de su trabajo tiene como origen los conflictos entre los vecinos o todo aquello relacionado con la compra-venta de viviendas, como puede ser la necesidad de contar con un certificado energético, obligatorio, por cierto, para todos los propietarios.

Con la nueva ley sobre propiedad horizontal es fácil que salten las chispas entre los vecinos a la hora de llegar a acuerdos, ya que el porcentaje de ellos que tiene que estar de acuerdo para llevar a cabo una reforma es menor que antes, por lo que podemos tener a media comunidad enfrentada con la otra.

Y ya no hablemos de si algún vecino acumula una importante deuda. Muchos de ellos son los llamados ‘morosos profesionales’, ya que no deben más de lo que tendría que pagar la comunidad para poder demandarlos. Así, cada cierto tiempo pagan una cantidad de dinero, pero siempre están debiendo un monto que se encuentra en el límite y que enfada a los vecinos y desata las iras.

Por su parte, las deudas contraídas por la comunidad de vecinos a la hora de pedir algún crédito no son vinculantes para todos los miembros de ese grupo, sino solamente para aquellos que no han pagado la parte que se les requiere de dicha deuda.

Otro de los temas recurrentes de disputas entre vecinos es el relacionado con los gastos o las reformas, como puede ser, por ejemplo, la instalación del ascensor en los edificios más antiguos. Con solo la mitad de los vecinos, es decir, con una mayoría simple, se puede tomar la decisión de llevar a cabo una reforma, por lo que a todos aquellos que se niegan a hacerlo se les puede obligar a pagar su parte, aunque existe la opción por parte de los vecinos de excluir a alguien del pago por razones de extrema necesidad o por otro tipo de situaciones ligadas al sentido común, como la situación de las plantas, ya que no utilizará tanto el ascensor alguien que viva en un primero o en un bajo como el del último piso, al igual que los locales comerciales que estén en ese edificio.

Los locales comerciales suelen ser también centro de disputas, especialmente por los ruidos y cuando estos tienen lugar en horarios un tanto intempestivos. Los pasos a seguir son conocer la procedencia de ese ruido y, cuando ya está identificada, proceder a la vía amistosa, pidiendo al vecino o al dueño del local que cese de hacer ruido (pasear con tacones o poner la lavadora de madrugada, gritar mucho durante un partido de fútbol o poner la música a un alto volumen, entre otros), avisar al infractor de que si no para el ruido se le amonestará, encargar una medición acústica e interponer la demanda. Las salidas de humos son también otro de los conflictos que se pueden dar con los locales comerciales.

Las antenas son también otro foco de discusión. Con la nueva norma basta con un 33 por ciento de los votos a favor para poder proceder a la instalación de las mismas, los que voten en contra no pagarán el coste de la misma pero tampoco podrán hacer uso de ella. No obstante, si decidiesen después tener acceso a este tipo de infraestructuras, al igual que con otras como las calderas o el gas natural, aquellos que no votaron a favor pueden hacer uso de ellas haciéndose cargo del precio que les correspondía en su momento, pero actualizado.

Además, algún elemento común del edificio puede causar daño en la vivienda de un propietario y este mismo tiene derecho también a exigir a la comunidad una indemnización por daños y perjuicios, algo que no siempre es recibido de buen agrado por los demás habitantes. Asimismo, cuando un vecino vive en el último piso haciendo uso de las terrazas y cubiertas del mismo, aunque estas son de su uso privativo y corre a cargo de su mantenimiento ordinario, las comunidades son las que han de sufragar los arreglos como las humedades o filtraciones como mantenimiento del edificio, a no ser que se recoja algo diferente en los estatutos. No obstante, si este tipo de reparaciones hay que hacerlas por un mal uso del propietario o inquilino, será este quien tenga que pagarlas.

Por último, otro de los problemas más comunes es afrontar la supresión del servicio de conserjería o portería, algo que puede hacer con el acuerdo de tres quintas partes de los propietarios.

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